Dirigido a los profesionales del mundo judicial y a los españoles.
Contemplamos, con honda preocupación, la inminente reforma con la que el gobierno de Pedro Sánchez pretende intensificar el control político sobre el poder judicial.
Diversas asociaciones y agrupaciones de la judicatura se están manifestando para llamar la atención sobre dicho atropello y tratar de revertirlo. No obstante, sería ingenuo creer que basta con detener esta coyuntura legislativa para asegurar la independencia de la Justicia. La enfermedad que corroe nuestra Justicia antecede a la presente legislatura y continuará mientras el Poder Judicial dependa del favor o del control del poder político.
La sumisión judicial frente al poder político multiplica la arbitrariedad, normaliza el privilegio e imposibilita el castigo de la corrupción.
Por ello, y para que todo español preocupado por estos abusos del poder político sea consciente de cuán estricto es su control de la Justicia, con este manifiesto la Junta Democrática de España presenta las exigencias mínimas e irrenunciables que son necesarias para garantizar un poder Judicial verdaderamente independiente:
1. Autonomía total de la judicatura
La magistratura ha de constituirse en corporación autónoma, con potestad exclusiva para ordenar su gobierno interno, su régimen disciplinario y la provisión de todos sus medios.
2. Elección democrática del órgano de gobierno
El Consejo General del Poder Judicial —o el órgano que lo sustituya— será elegido por sufragio directo y secreto de todos los profesionales de la judicatura (jueces, fiscales, letrados, abogados, procuradores, catedráticos y personal técnico), blindando su composición frente a cuotas partidistas.
3. Igualdad absoluta ante los tribunales
Es imperativo acabar con los aforamientos y la inmunidad personal. Ningún cargo público —incluida la Jefatura del Estado— gozará de privilegio procesal alguno.
Todos debemos ser iguales en responsabilidad ante la ley.
4. Control de constitucionalidad en primera instancia
Jueces y tribunales declararán inaplicables las normas contrarias a la Constitución sin necesidad de elevar cuestión alguna ni suspender el procedimiento, restituyendo así la primacía del Derecho frente a la ley injusta.
5. Supresión del Tribunal Constitucional
La jurisdicción constitucional se integrará en una Sala específica del Tribunal Supremo, evitando que tales decisiones estén en manos de un tribunal político al servicio de los partidos.
6. No intervención del ejecutivo en la Justicia
La desaparición del Ministerio de Justicia y de la dependencia orgánica del Ministerio Fiscal del poder ejecutivo cortará la palanca desde la que los gobiernos operan sobre los tribunales y hará innecesarias las coacciones colegiales que hoy restringen su libre ejercicio.
7. Presupuesto independiente
La Justicia dispondrá de una partida propia, aprobada automáticamente con carácter plurianual, al margen de los Presupuestos Generales del Estado y sin tutela del Ministerio de Hacienda.
8. Policía Judicial independiente
Cuerpos de investigación adscritos exclusivamente a los tribunales, libres de la cadena de mando del Ministerio del Interior, garantizarán la eficacia de las resoluciones y la neutralidad de las pruebas.
9. Carrera judicial unificada
Fiscales y jueces compartirán una misma carrera técnica, gestionada por el futuro Consejo de Justicia, eliminando la subordinación actual del Ministerio Fiscal al ejecutivo.
10. Incompatibilidad con cargos políticos
Quien asuma un cargo político quedará inhabilitado para retornar a la jurisdicción durante al menos cinco años y, en ningún caso, al mismo órgano en el que prestó servicio.
A los miembros de la Judicatura: recordad que la toga se viste para proteger la justicia, no para servir al poder.
A los juristas en su conjunto: alzad la voz antes de que el silencio os vuelva cómplices.
A la sociedad civil: sin un poder judicial independiente del poder político estamos indefensos frente a sus abusos.
#exigepoder
A 5 de junio de 2025
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