Joseph Emmanuel de Sieyès se preguntó, en el momento de crisis del Antiguo Régimen, por qué el Tercer Estado se estaba rebelando. Hizo una obra llamada ¿Qué es el Tercer Estado? Dijo: «Hasta ahora, nada. ¿Qué ha sido en el orden político? Nada. ¿Qué puede ser? Todo».
Lo mismo hago con Canarias.
¿Qué ha sido Canarias desde su creación como producto netamente español que integra lo guanche?
Todo.
¿Qué ha sido en el orden político español vigente?
Nada.
¿Qué puede ser?
La puerta a la restauración de España como grandeza histórica, imperial y geopolítica.
Todo empezó cuando Jean de Bethencourt desembarcó en Lanzarote y Fuerteventura en 1402. A posteriori, varios conquistadores fueron tomando las islas, entre los cuales hemos de destacar las figuras de Juan Rejón y, sobre todo, de Pedro de Vera, en cuyo contexto un tal Alonso Fernández de Lugo captura a Tenesor Semidán, conocido como Fernando Guanarteme, que, convencido de que debe pactar con el nuevo orden hispánico, acepta la unión de los pueblos guanches y, por tanto, su fusión con Castilla, formando la base para la idea de Canarias como unidad política, jurídica e histórico-cultural.
Ese mismo Alonso Fernández de Lugo conquista Tenerife y La Palma, integrando guanches en sus ejércitos y pactando con los aborígenes, descartando la idea colonial depredatoria que, siguiendo a Gustavo Bueno, si bien, como sabemos, todo proceso de conquista implica siempre abusos y violencia como parte del conflicto histórico, también hubo luchas entre los propios pueblos por el nuevo orden inevitable.
La historia de Canarias ha empezado aquí, porque la unidad ha empezado cuando Castilla les dice a todos los guanches y castellanos colonizadores: «Ahora sois unos y otros».
Los resultados de este hecho fueron los siguientes:
La incorporación de los pueblos aborígenes canarios a la Corona de Castilla: un análisis jurídico y filosófico
La conquista y anexión del archipiélago canario por parte de la Corona de Castilla durante el siglo XV no supuso un simple episodio de expansión territorial o de mera sumisión militar. Desde la perspectiva del derecho público y la filosofía política, este proceso constituyó el auténtico laboratorio conceptual de lo que más tarde se conocería como el Imperio hispánico. Fue en el suelo de las islas donde el Estado moderno castellano ensayó, por primera vez, los mecanismos jurídicos, teológicos e institucionales de asimilación, mestizaje e incorporación de poblaciones indígenas que, apenas una década después, se aplicarían de forma masiva en el Nuevo Mundo.
El debate teológico y el estatus de vasallos libres:
Frente a las corrientes de la época que tendían a deshumanizar a los pueblos paganos para justificar su expolio, la doctrina jurídica de la Corona de Castilla —fuertemente influenciada por el derecho romano-canónico y el pensamiento escolástico— resolvió el dilema reconociendo formalmente la condición humana y racional de los aborígenes. No eran considerados seres inferiores por naturaleza, sino «infieles» a los que se debía evangelizar.
Bajo esta premisa, el acto de aceptar el bautismo y acatar la soberanía de los Reyes Católicos operaba una transformación civil instantánea: el isleño dejaba de estar extramuros de la ley para convertirse en súbdito de la Corona, adquiriendo teóricamente la condición de vasallo libre, con los mismos derechos y deberes patrimoniales que cualquier campesino de la Península.
Sin embargo, la aplicación de este principio estuvo condicionada por la praxis de la guerra medieval. El marco legal castellano distinguió nítidamente entre dos realidades:
Los bandos de paz: Aquellas comunidades o reinos aborígenes que optaron por el realismo político y pactaron tempranamente con los conquistadores (como los bandos de Güímar o Abona, en Tenerife). Sus integrantes fueron declarados hombres libres de forma inmediata, protegidos por la justicia real.
Los bandos de guerra:
Aquellos que ejercieron el derecho a la resistencia numantina en defensa de su soberanía ancestral (como el menceyato de Taoro). Al oponerse por la fuerza, cayeron bajo el severo concepto doctrinal de la «guerra justa», lo que facultó legalmente a los capitanes de la conquista a someterlos a la esclavitud como cautivos de guerra.
A pesar de estos abusos, la intervención de la Corona, espoleada por bulas papales como la «Pastor Bonus» (1462) y la decidida política protectora de Isabel la Católica, persiguió y castigó activamente el tráfico ilegal de indígenas pacificados, ordenando la manumisión y repatriación de muchos de ellos que habían sido vendidos en los mercados peninsulares.
Asimilación institucional y la política de mestizaje:
A diferencia de los modelos de colonización anglosajones o fenicios, basados en la segregación, el arrinconamiento o el exterminio del nativo, el modelo castellano apostó por una asimilación orgánica. La Corona comprendió que la estabilidad del nuevo orden requería la cooptación de las élites locales. Por ello, los «menceyes» y «guanartemes» supervivientes, lejos de ser desterrados o despojados de toda dignidad, fueron asimilados dentro de la nueva pirámide social.
La nobleza aborigen que juró fidelidad a Castilla fue integrada en el sistema socioeconómico mediante el reparto oficial de tierras y aguas, y el reconocimiento de sus cabezas de ganado. Su prestigio militar no fue neutralizado, sino encauzado: los guerreros isleños se integraron en las milicias locales para la defensa del archipiélago frente a las incursiones piratas y, de hecho, combatieron como aliados preferentes en las campañas de conquista de las islas vecinas aún levantiscas.
Esta inserción económica y militar facilitó un rápido proceso de mestizaje. Los matrimonios legítimos entre colonos castellanos (militares, funcionarios y comerciantes) y mujeres de la aristocracia y el pueblo aborigen no solo no estuvieron prohibidos, sino que fueron alentados institucionalmente, soldando los lazos de parentesco y diluyendo las fronteras de sangre en apenas dos generaciones.
El bautismo como pasaporte a súbdito de la Corona
En el contexto del siglo XV, la cohesión del Estado se cimentaba sobre la uniformidad espiritual; la identidad política y la identidad religiosa eran realidades indisolubles. En este sentido, el bautismo de la población autóctona trascendió el ámbito de la salvación de las almas para convertirse en un acto jurídico y político de primer orden: la naturalización del individuo.
Al recibir las aguas bautismales, el aborigen no solo abrazaba la fe católica, sino que adquiría su carta de naturaleza como súbdito del Imperio. El rito iba acompañado de la adopción de nombres y apellidos castellanos —tomados frecuentemente de sus padrinos o de los propios monarcas—. Este cambio de nomenclatura suponía la pérdida del linaje nominal indígena, pero funcionaba en la práctica como un escudo legal, integrando plenamente al recién bautizado bajo la protección de la ley común castellana y abriéndole las puertas a las instituciones locales.
La paradoja de la asimilación:
La incorporación de los pueblos guanches a Castilla encierra una profunda paradoja que desafía cualquier lectura simplista de la historia. Por un lado, el enfoque inclusivo y asimilacionista de la Corona impidió la desaparición física de la población originaria: el mestizaje fue tan profundo que la carga genética de los antiguos isleños perdura de manera mayoritaria en el patrimonio biológico del pueblo canario contemporáneo.
Canarias nació, por tanto, de esa desgarradora fractura: la transformación de un pueblo que murió en sus formas culturales para resurgir, mediante la sangre y la ley, como pieza fundacional y vanguardia institucional del Imperio hispánico.
Una vez consolidada la asimilación de las islas, Canarias dejó de ser la última frontera de Castilla para convertirse en el corazón latente, el puente y la vanguardia de la Hispanidad. Lejos de actuar como un mero espectador de la gran epopeya transatlántica, el pueblo canario se convirtió en su colonizador por excelencia, su místico y el defensor de sus confines. Sin el aporte demográfico, militar, espiritual y estratégico del archipiélago, el Imperio español en América sencillamente no habría adoptado la forma institucional y humana que hoy conocemos.
La gesta espiritual: la evangelización del Nuevo Mundo
El ímpetu religioso que se gestó tras la fusión de los pueblos de las islas produjo algunas de las figuras más colosales de la Iglesia en el Nuevo Mundo. El misticismo canario no se quedó encerrado en los conventos de La Laguna o Las Palmas; se lanzó a las selvas y ciudades americanas con una vocación civilizadora indomable, caracterizada por una profunda empatía hacia las poblaciones nativas.
El máximo exponente de esta corriente fue San José de Anchieta, nacido en San Cristóbal de La Laguna en 1534. Este jesuita tinerfeño, conocido como el Apóstol de Brasil, se convirtió en una de las mentes más preclaras de la historia americana. Fundador de metrópolis como São Paulo y Río de Janeiro, Anchieta comprendió que la asimilación cultural requería ciencia y respeto: aprendió las lenguas autóctonas y redactó la primera gramática de la lengua tupí, defendiendo activamente a los indígenas de los cazadores de esclavos.
En la misma línea de mística ascética y entrega social destaca el Santo Hermano Pedro de Betancur. Natural de Vilaflor, este pastor tinerfeño marchó a Guatemala en el siglo XVII, donde fundó la Orden de los Betlemitas, la primera orden religiosa nacida en tierras americanas. Su obra se centró en la creación de hospitales, asilos y escuelas para los sectores más desfavorecidos, dejando una huella indeleble de caridad hispánica en Centroamérica.
El aporte demográfico y político: el «Tributo de Sangre»
A partir del siglo XVII, la Corona española percibió que las ricas y estratégicas tierras del Caribe y el Golfo de México se encontraban despobladas, quedando a merced de las ambiciones de imperios rivales como Inglaterra, Francia y Holanda. La respuesta política e institucional de la Monarquía fue la promulgación del llamado Tributo de Sangre en 1678. Esta ordenanza estipulaba que, a cambio de permitir a Canarias comerciar y exportar sus productos a América, el archipiélago debía enviar a cinco familias isleñas por cada cien toneladas de mercancías con el fin de poblar y asegurar aquellas fronteras.
Este flujo migratorio, a menudo forzoso pero profundamente transformador, asentó las bases de la geopolítica imperial a través de fundaciones clave:
En el Cono Sur: familias canarias fueron enviadas a fundar la ciudad de Montevideo en 1726, sirviendo de muro de contención frente a la expansión portuguesa en el Río de la Plata.
En Norteamérica: en 1731, un contingente de isleños cruzó el Atlántico y el continente para fundar la villa de San Fernando de Béjar, origen de la actual ciudad de San Antonio de Texas, constituyendo el primer gobierno civil plenamente organizado de la región.
En el Caribe y Venezuela: el campesinado canario fue el verdadero motor demográfico y agrícola de Cuba, Puerto Rico y Venezuela. Introdujeron el cultivo del tabaco y perfeccionaron la explotación de la caña de azúcar, dejando un legado lingüístico tan profundo que el español caribeño actual conserva el acento, la cadencia y el léxico del habla isleña.
La defensa armada de la Monarquía Hispánica
Canarias pagó su tributo a la Monarquía no solo con labradores, intelectuales y santos, sino con la sangre de sus soldados. Las islas constituyeron el escudo atlántico de la península y sus hombres combatieron con fiereza tanto en suelo insular como en ultramar para mantener la integridad territorial del Imperio.
El mayor testimonio de este patriotismo miliciano ocurrió en julio de 1797, durante la epopeya contra Nelson. El contraalmirante Horacio Nelson, al mando de una escuadra británica formidable, intentó asaltar Santa Cruz de Tenerife para arrebatar el archipiélago a la Corona española. Bajo el mando del general Antonio Gutiérrez de Otero, las milicias canarias, compuestas por soldados profesionales y paisanos armados con chuzos y piedras, destrozaron el desembarco inglés. Nelson no solo sufrió una de sus pocas derrotas militares; perdió allí su brazo derecho debido al fuego del legendario cañón Tigre.
Asimismo, los regimientos canarios se integraron plenamente en las estructuras defensivas indianas. Figuras como el grancanario Mateo de Toro Zambrano, quien llegó a presidir la Primera Junta de Gobierno de Chile, demostraron el encaje y la lealtad de los hijos de Canarias en las más altas esferas del poder político y militar de la Monarquía.
El ocaso del Imperio: el desgarro de 1898
El siglo XIX trajo consigo el fin del Antiguo Régimen y la fragmentación irreversible del Imperio. Tras los procesos de emancipación de la América continental en la década de 1820, donde los canarios americanos se vieron trágicamente divididos entre la fidelidad dinástica y el fervor insurgente, las últimas joyas de la Corona española quedaron reducidas a Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
Durante toda esta centuria, Canarias funcionó como el cordón umbilical entre la península y el Caribe. Decenas de miles de jóvenes isleños fueron reclutados para combatir en las sangrientas guerras independentistas cubanas (la Guerra de los Diez Años y la Guerra del 95). Es aquí donde se produce la gran paradoja histórica y humana del 98: mientras millares de soldados canarios defienden con honor la bandera española en las maniguas caribeñas, la inmensa población civil isleña asentada en Cuba desde hacía generaciones se había fusionado por completo con la identidad criolla, nutriendo las filas del bando libertador. Figuras de la talla de José Martí, alma de la independencia cubana e hijo de madre tinerfeña, que debe representar siempre el nexo histórico entre Cuba y Canarias y, por ende, con España, encarnan este profundo desgarro familiar e identitario.
Cuando en 1898 el Tratado de París liquidó los restos del Imperio tras la intervención de los Estados Unidos, los soldados supervivientes regresaron a un archipiélago empobrecido y aislado. Se cerraba así el espacio ultramarino donde, durante más de cuatro siglos, el pueblo canario había volcado su vida, su fe, su hacienda y su sangre. El imperio físico llegó a su fin, pero la obra permaneció imborrable: la América hispana actual lleva impreso en sus instituciones, su cultura, su religiosidad y su propia composición genética el sello eterno e imperecedero de la condición canaria.
Tras la decadencia del Imperio, Canarias se contaminó de las ideas del mayor traidor al pueblo canario, que es José Julián Martí Pérez, no porque fuera el padre de la patria cubana, sino porque separó a canarios de ambos lados, vínculo que solo se pudo recuperar mediante riesgosos viajes y bastante sufrimiento. Canarias fue contaminada por el nacionalismo separatista de Secundino Delgado, inspirado en el traidor Martí, que, desgraciadamente, tiene estatuas como Simón Bolívar, quien, mediante su famoso Decreto de Guerra a Muerte de 1813, se atrevió a un doble crimen. El primer crimen fue eliminar sistemáticamente a 2.000 canarios y el segundo introducir el antecedente histórico del nacionalismo canario que inspiraría a Secundino Delgado, junto a otros, a fundar el diario Guanche, que consiste en separar lo español de lo canario, como si lo segundo no estuviese codeterminado por lo primero, sino que fuese directamente una variedad de ello por las circunstancias históricas explicadas en la conquista de Canarias.
El inicio del siglo XX: del regionalismo al autonomismo (1900-1936)
Tras la muerte de Secundino Delgado en 1912, el testigo de la reivindicación de la identidad canaria se dividió en dos corrientes: una intelectual y cultural, y otra política ligada a la burguesía agraria y al eterno conflicto interinsular.
El regionalismo intelectual: figuras como el poeta Nicolás Estévanez o periodistas como Luis Rodríguez Figueroa empezaron a cultivar una literatura que ensalzaba el paisaje, el pasado aborigen y la singularidad atlántica de las islas. No buscaban la separación, sino el reconocimiento de un hecho diferencial cultural dentro de España.
El Partido Nacionalista Canario (PNC) de 1924: fue fundado en el exilio, concretamente en La Habana (Cuba), por emigrantes tinerfeños liderados por José Cabrera Díaz (antiguo colaborador de Secundino Delgado). Este partido adoptó la bandera de la Cruz de San Andrés (reivindicando el pasado naval de Tenerife) y mantuvo un discurso fuertemente anticlerical y republicano, aunque su impacto real dentro de las islas fue muy limitado debido a la distancia.
La Segunda República y el Estatuto: con la llegada de la República en 1931, el debate se centró en la descentralización. Diversas agrupaciones republicanas e intelectuales, impulsadas por figuras como el médico Ramón Gil-Roldán, intentaron redactar un Estatuto de Autonomía para Canarias. Sin embargo, el «Pleito Insular» entre las élites de Tenerife y Gran Canaria por ver qué isla albergaría la capitalidad retrasó el proceso hasta que el estallido de la Guerra Civil en 1936 lo sepultó por completo.
El franquismo (1939-1975): silencio interior y el giro radical en el exilio
Con el triunfo del bando sublevado (cuyo alzamiento, paradójicamente, se fraguó en Canarias), cualquier manifestación nacionalista fue duramente reprimida. Intelectuales como Rodríguez Figueroa fueron asesinados y el regionalismo desapareció del espacio público, reduciéndose a manifestaciones folclóricas rígidamente controladas por el régimen.
Sin embargo, en el exterior se produjo el giro ideológico más radical en la historia del movimiento:
Antonio Cubillo y el nacimiento del MPAIAC (1964): el abogado tinerfeño Antonio Cubillo fundó en Argelia el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. Inspirado por los procesos de descolonización africanos de la época, Cubillo rompió totalmente con la tesis de la «variedad de lo español» y sostuvo que Canarias era una colonia europea en África.
La ruptura identitaria:
fue Cubillo quien diseñó la bandera de las siete estrellas verdes e introdujo los términos «africano» y «bereber» (amazigh) como la raíz exclusiva de la identidad canaria, rechazando de plano el componente hispánico. Desde Argel y con el apoyo del gobierno de Houari Boumédiène, emitía el programa de radio La Voz de Canarias Libre, que sintonizaban en las islas sectores de la juventud universitaria y obrera como forma de oposición antifranquista.
La Transición (1975-1982): Terrorismo, desmovilización y el giro al centro
A la muerte de Franco en 1975, Canarias se convirtió en un punto geopolítico extremadamente sensible debido a la descolonización del Sáhara Occidental y la proximidad de Marruecos. El nacionalismo se fracturó entonces entre la vía violenta exterior y la vía política interior.
La deriva violenta del MPAIAC: En 1976, la organización de Cubillo inició una campaña de atentados con bomba en las islas. Esta deriva terrorista culminó indirectamente en la tragedia del accidente de Los Rodeos en 1977 (el choque de dos Jumbos que causó 583 víctimas tras el desvío de vuelos provocado por una amenaza de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria). El rechazo social al terrorismo fue masivo. En 1978, Cubillo sufrió un intento de asesinato en Argel a manos de los servicios secretos españoles que lo dejó en silla de ruedas, descabezando operativamente al movimiento.
La Unión del Pueblo Canario (UPC): En el interior, el sentimiento nacionalista fue canalizado por la vía legal y obrera. Nació la UPC, una coalición de izquierdas liderada por figuras como el abogado Fernando Sagaseta. La UPC logró un éxito histórico al conseguir un diputado en las Cortes de Madrid en 1979 y la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Su discurso combinaba el marxismo con el soberanismo, usando la bandera de las siete estrellas verdes pero condenando la violencia de Cubillo.
La moderación y las AIC: Hacia el final de la Transición, la izquierda nacionalista se agotó por divisiones internas. El testigo regionalista fue captado por las élites económicas locales, antiguos sectores de la UCD (el partido de Adolfo Suárez) y líderes de los Cabildos. Esto dio pie, ya en los años 80, a la creación de las AIC (Agrupaciones Independientes de Canarias): un nacionalismo de corte centrista, pragmático y pactista que abandonó cualquier pretensión separatista para centrarse en la negociación fiscal (el REF) y competencial con Madrid, el cual terminaría convergiendo en la actual Coalición Canaria.
Hay que recordar un episodio fundamental de la Transición, que es el interés de Estados Unidos en que España acabase de ceder la soberanía que le quedaba y que había tolerado con Francisco Franco, en el que se recuerda la célebre frase del ministro de la Presidencia, José Manuel Otero Novas, que afirmaba que funcionarios americanos les amenazaron con lo siguiente: “España entraba en la OTAN, o les independizo Canarias”. Dicho sea de paso, idea adoptada de la guerra de 1898, en la que se pensó invadir las Islas Canarias, pero que, por fortuna, no llegó a suceder debido a las grandes dificultades logísticas que implicaba.
A partir de los años se produce una revolución fundamental del nacionalismo canario, que es Coalición Canaria, producto histórico del gran error que implica el artículo 2 de la CE, que es una contradicción en sus términos, ya que si bien afirma la unidad de España, luego afirma nacionalidades y regiones, que, por mucho que en una sentencia del Tribunal Constitucional se diga que nacionalidades no equivale a nación, la realidad se impone a los hechos y la evolución del Estado autonómico español es una fase federalizante. Así lo enseñan los defensores del régimen del 78 con sus famosos estatutos de segunda generación, a través de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Hay que tener en cuenta que partidos como el PSOE (y el PP con el nazionalismo andalusí de Blas Infante, que, si supieran algo, defendía una España islámica, no una Andalucía independiente) en su famosa Declaración de Granada del año 2013 hablan directamente de federalización de España, recuperando el proyecto de la Primera República de Pi y Maragall, inspirado en el municipalismo de Pierre-Joseph Proudhon, al cual Karl Marx rebate afirmando que eso significa la división de la clase obrera frente al capital y a la oligarquía internacional.
Volviendo a la cuestión que nos atañe, surge Coalición Canaria y esta ha sido su evolución.
La historia interna de Coalición Canaria (CC) ha estado marcada desde sus orígenes por un constante y complejo equilibrio de poder entre las diferentes islas, jalonado por profundas tensiones orgánicas y escisiones. El partido nació en 1993 como una federación de diversas fuerzas regionalistas y nacionalistas, pero pivotando sobre tres corrientes principales. Por un lado, la Agrupación Tinerfeña Independiente (ATI), de corte conservador y liderada por Manuel Hermoso; por otro, las fuerzas de Gran Canaria, representadas por el sector progresista de José Carlos Mauricio (ICAN) y el centro político de Lorenzo Olarte (CCN). Aunque Hermoso asumió la presidencia del Gobierno de Canarias en el nacimiento de la coalición, el recelo a que Tenerife ejerciera una posición hegemónica sobre el resto de las islas se convirtió en una constante desde los primeros compases de la organización.
Este delicado tablero insular saltó por los aires en 1999, cuando Manuel Hermoso decidió retirarse.
Desde los sectores tinerfeños de la ATI se intentó imponer la candidatura de Adán Martín a la presidencia del archipiélago, argumentando que Tenerife aportaba el mayor peso electoral. Sin embargo, Lorenzo Olarte bloqueó esta maniobra promoviendo por sorpresa a Román Rodríguez, el número dos de Mauricio en Gran Canaria. Para evitar la ruptura total de la coalición, se alcanzó un pacto de consenso: Román Rodríguez se convirtió en el candidato a la presidencia del Gobierno, mientras que, como premio de consolación y contrapeso para Tenerife, se creó un cargo orgánico inédito hasta la fecha: la Presidencia del Partido, que recayó en Paulino Rivero.
La tregua fue temporal, y el mandato de Román Rodríguez (1999-2003) estuvo marcado por una fuerte inestabilidad interna.
Hacia el final de la legislatura, sus propios aliados de Gran Canaria le retiraron el apoyo, lo que facilitó que Coalición Canaria designara finalmente a Adán Martín como candidato para las elecciones de 2003. Al recuperar Tenerife la presidencia del Gobierno y mantener simultáneamente a Paulino Rivero en la presidencia del partido, la isla picuda pasó a copar todo el poder político y orgánico. Este desequilibrio provocó un profundo malestar en Las Palmas, propiciando que en 2005 Román Rodríguez rompiera definitivamente con las siglas de CC para fundar Nueva Canarias (NC), un nuevo proyecto nacionalista de corte más progresista.
Para mitigar los efectos de esta escisión y corregir la percepción de que el partido estaba ex
cesivamente “tenerfeñizado”, Coalición Canaria acometió importantes reformas estructurales en sus siguientes congresos. Tras el acceso de Paulino Rivero a la presidencia del Gobierno de Canarias en 2007, se impulsaron cambios que culminaron en el año 2012 con la remodelación de los estatutos del partido. Se creó la figura del Secretario General como el verdadero poder ejecutivo de la organización, cargo que asumió José Miguel Barragán, de la Asamblea Majorera de Fuerteventura. De este modo, la presidencia del partido quedó relegada a una función representativa y no ejecutiva, mientras que la tinerfeña Ana Oramas fue designada como portavoz en el Congreso de los Diputados en Madrid para equilibrar las fuerzas territoriales.
Los focos de tensión se trasladaron entonces a la política nacional, donde Coalición Canaria y Nueva Canarias compitieron ferozmente por erigirse en la auténtica voz del archipiélago en Madrid, cobrando un protagonismo estratégico clave durante las legislaturas de bloques políticos en el Estado. El momento de mayor fricción interna se vivió en la investidura general de 2020. Tras haber concurrido juntos a las elecciones, la dirección nacional del partido, liderada por Barragán, ordenó la abstención de sus diputados para propiciar un acercamiento al PSOE. Mientras que Pedro Quevedo (NC) acató la disciplina de voto, Ana Oramas desobedeció las directrices de su propia organización y votó en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Aquella insubordinación abrió una brecha profunda entre la secretaría general ejecutiva, que exigía sanciones ejemplares, y la federación de Tenerife, que cerró filas con la diputada. Finalmente, la crisis se saldó de manera interna con una multa económica de 1.000 euros.
La resolución de este conflicto y los giros electorales posteriores terminaron por devolver el control total de la organización a las filas tinerfeñas. En el congreso del año 2020, Fernando Clavijo logró desplazar a José Miguel Barragán del liderazgo ejecutivo al ser elegido secretario general de Coalición Canaria con un respaldo abrumador del 93,5 % de los votos. Con este movimiento, Clavijo unificó la dirección del partido y la candidatura autonómica. Tras las elecciones de 2023, el líder tinerfeño consiguió recuperar la presidencia del Gobierno de Canarias, volviendo a concentrar, como en los tiempos de la fundación de la coalición, el liderazgo institucional del archipiélago y el control orgánico de la formación nacionalista en una misma figura y en la misma isla.
El actual nacionalismo canario, que si bien se caracteriza por su habitual juego al límite, consistente en usar todos los instrumentos de la norma de los que dispone para, de forma maquiavélica, ir al extremo en pro de su enfermizo y mezquino nacionalismo de corte guanchista y que juega cada vez más con el régimen alauita de Marruecos, lo cual se puede ver en cómo ha habido sucesivas reuniones y una conferencia del mundo bereber-amazigh que pretende sentar las bases de un etnonacionalismo que restaure una hipotética tierra pasada que, según la élite marroquí (Makhzen), les pertenece, mientras que los políticos canarios viven de las jugosas partidas de la Unión Europea por ser una región ultraperiférica y de las jugosas partidas desde Madrid. Antonio García-Trevijano lo tenía claro con los nacionalistas catalanes, que en realidad lo que admiraban era el culto al Estado, copiando a Benito Mussolini y las tesis de Giovanni Gentile sobre el Estado fascista, que se resumen en: “Todo en el Estado, nada contra el Estado, todo por el Estado”. En el fondo, les importa más el enriquecimiento de sus arcas que defender los intereses de una tierra, y así se ve cuando durante décadas han sostenido un modelo económico que no han querido diversificar porque generaba riqueza en muchos bolsillos, pero que poco repercutió en la sociedad civil, que sigue siendo la región con mayor riesgo de pobreza de toda España; y, para colmo, una tierra expuesta a oleadas sistemáticas de inmigración descontrolada y masiva, que analistas como Rubén Pulido o, en Canarias, Josué González, conocido como Canario Today, señalan.
Y, sin embargo, Canarias ha sido un ejemplo central de lo que Santiago Armesilla denominaría la alternativa de la modernidad anglosajona, que era la Monarquía Hispánica e incluso la Unión Ibérica o iberófona, en la que éramos un eje central del comercio hispánico entre Europa, América y África, donde el canario podía emigrar para buscar oportunidades y donde había posibilidades de crecer, si bien las condiciones de la época eran duras.
Me atrevo, por tanto, a definir qué es ser canario, asumiendo su dificultad para ello, ya que definir conceptos culturales, territoriales, históricos y políticos, siendo naciones, es ya difícil; imaginemos si tenemos que hacer una definición de un grupo humano de una nación política e histórica como es España. Ser canario consiste en una forma geográfica de un archipiélago unida políticamente a Castilla, que dota de materia histórica y cultural recogida de la síntesis de los pueblos europeos, siendo Castilla la principal, en la que además se integra lo aborigen (guanches) y se complementa con los pueblos prehispánicos e hispanoamericanos con la evolución de los siglos, formando parte de la españolidad y de la hispanidad.
Desgraciadamente, el pueblo canario está acostumbrado, junto al resto de los españoles, a la servidumbre voluntaria que definió Étienne de La Boétie, y prefiere celebrar el Día de Canarias el 30 de mayo, que representa el triunfo de una oligarquía frente al pueblo, en lugar del 25 de julio de 1496, que representa el nacimiento de Canarias como unidad histórica dentro de España. Nuestra condición histórica, debido a la distancia, no implica necesariamente renegar de España, sino todo lo contrario: sentirnos orgullosos de ello. Mientras ese día, y esperemos que no sea tarde para ello, afirmamos que Coalición Canaria (junto al resto de los partidos políticos) debe ser destruida, ya que eso significaría el final del nacionalismo canario y, junto al resto de los españoles, conquistar algo tan maravilloso como la libertad política colectiva institucionalizada en una República Constitucional que devuelva la dignidad y nuestra historia a los canarios, que tanto les han arrebatado, junto a otras regiones de España que el nacionalismo ha destruido.