Es indiscutible que existe, de forma universal, un sentido moral que nos lleva a considerar ciertas circunstancias, condiciones o acciones como justas o injustas. Así pues, cuando un individuo comete una injusticia contra otro, lo consideramos censurable y contrario a la moral. Mientras tanto, cuando un individuo actúa favoreciendo a otro en la medida en que este lo merece, o actúa de forma que no lo priva de las cosas que legítimamente le pertenecen, lo consideramos justo y de acuerdo con nuestros principios morales.
Es necesario observar que nuestro bien más preciado no es otro que la libertad. Es por ello que consideramos que no hay mayor injusticia que privar de la libertad o ser privado de ella, mientras que no hay mayor acto de justicia que dejar que otros gocen de ella.
No entendemos por libertad la facultad de hacer todo aquello que nos venga en gana, sino la facultad de poder actuar, en contra de toda coacción interna o externa, de acuerdo con nuestra conciencia moral; es decir, la libertad es poder hacer lo que se debe hacer. Ahora bien, para poder hacer uso de esta facultad, necesitamos la garantía de que, en todo momento, nadie nos obligará a hacer nada contrario al bien, así como de que nadie nos impedirá actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Esto nos lleva a la conclusión de que todos deben decidir sobre sus propias acciones, pues, si nuestras acciones dependen de una voluntad ajena, nos veremos en el constante peligro de ser impedidos a la hora de cumplir nuestro deber y ejercer nuestra voluntad. Es por ello que toda persona consideraría aberrante y contrario a la libertad que una persona no tuviera capacidad de decidir sobre sus propias acciones.
Lo mismo que se aplica en el plano individual se aplica de la misma forma en el plano colectivo. Debido a que naturalmente estamos unidos en comunidad y tenemos la necesidad de establecer ciertas normas que se apliquen sobre todos, lo justo es que dichas normas sean el resultado del mutuo acuerdo de todas las personas que integran la comunidad. Así, llegamos a la conclusión de que todos tienen derecho a decidir sobre las normas que se van a aplicar sobre ellos, pues, de lo contrario, nos encontraríamos ante una sociedad de amos y esclavos, donde unos deciden y a los demás no les queda más que obedecer. Es de esta consideración moral de donde nace el principio Quod omnes tangit, ab omnibus approbari debet, que significa «Lo que a todos atañe, debe ser aprobado por todos».
Este principio jurídico, que nació por primera vez en la época romana en el ámbito del derecho privado, se extendió después al derecho eclesiástico, para terminar finalmente en el derecho político. Así, se pasó de la consideración de que «si la resolución de un conflicto afecta a dos personas, ambas deben participar en su resolución» a la afirmación revolucionaria de que «si las normas de derecho positivo y los impuestos se aplican sobre la totalidad del pueblo, entonces este debe participar en su elaboración y aplicación». La verdad de este principio es tal que todos los regímenes políticos del mundo afirman aplicarlo en sus procesos legislativos, si bien, en la gran mayoría de los casos, no es más que simple propaganda, sin que el pueblo decida realmente nada.
Es evidente que el pueblo en España no goza de estas facultades. En primer lugar, porque el pueblo español no elige directamente una cámara de representantes que, en su nombre y de acuerdo con su voluntad, elabore la totalidad de las leyes. En segundo lugar, porque la clase dominante, la clase política, elabora y aplica leyes, cobra impuestos y juzga sin el consentimiento general de la nación española. En esta situación, nos vemos obligados a reconocer que el pueblo de España carece de libertad alguna, pues se le aplican leyes sin que este tenga la facultad de participar en su elaboración y se le cobran impuestos sin su aprobación.
Tal es la tiranía bajo la que vive el pueblo que, sea cual sea la ley que quieran aplicar los políticos españoles, por muy abusiva o contraria a la moral que sea, nada puede impedir que la clase política la apruebe y obligue a todos los ciudadanos a obedecerla mediante la violencia. Lo mismo sucede con los impuestos: si los diferentes partidos deciden ponerse de acuerdo para aprobar un impuesto excesivamente abusivo y contrario a los intereses populares, ¡no hay absolutamente nada que se lo impida! Y tened por seguro que irán en contra de todo aquel que se oponga a tal injusticia con toda la violencia de la que dispongan.
En un país verdaderamente libre, en un país democrático donde el pueblo gobernase mediante sus representantes y el poder estuviese limitado, los gobernantes no podrían abusar jamás del pueblo, pues la facultad legislativa estaría en manos de este y la acción de gobierno estaría extremadamente controlada. Solo se aplicarían los impuestos que el pueblo viese convenientes para sus intereses y se elaborarían solamente las leyes que este quisiese. El pueblo ya no sería un cuerpo de individuos sometido a la ley mediante la violencia, sino la propia ley: el que la hace y la aprueba.
El pueblo tiene derecho a gozar de ese poder. Si la actual clase política española se lo impide y se empeña en mantenerlo bajo su yugo, entonces esta es la mayor y verdadera enemiga.