La revolución es, esencialmente, la toma del poder político por parte del pueblo: es la acción mediante la cual la nación toma las riendas de su propio destino. Para que pueda haber revolución, debe existir un statu quo en el cual el pueblo se encuentre en una situación de subordinación frente a la clase gobernante. Una vez que el pueblo ya tiene el control de los asuntos públicos, ya no hay posibilidad de revolución, pues una nueva inversión de la correlación de fuerzas supondría una acción reaccionaria. En este sentido, no existe la posibilidad de un proceso revolucionario que se prolongue mucho en el tiempo, ni tampoco lo que, equivocadamente, Trotsky denominó «revolución permanente». La revolución se da en un momento dado. Antes de ese momento de revolución, quienes defienden el régimen previo son conservadores; por el contrario, aquellos que pretenden la conquista del poder por parte del pueblo son revolucionarios. Sin embargo, una vez producida la revolución, los antiguos revolucionarios se vuelven conservadores, pues tratan de preservar el poder popular, mientras que los antiguos conservadores se vuelven reaccionarios, pues pretenden arrebatar el poder al pueblo para volver al régimen anterior.
En la situación actual, en la que impera en España un régimen de tal naturaleza que impide al pueblo gobernarse mediante sus representantes y que impone a la nación leyes e impuestos de forma arbitraria y tiránica, todos aquellos que pretendemos romper con el régimen del 78 para instaurar la república constitucional y la verdadera democracia somos revolucionarios. En cambio, todos aquellos que, por una razón o por otra, se empeñan en defender y tratar de preservar el actual régimen son conservadores, enemigos de la libertad y de la revolución.
En un principio, podría suponerse que la actual clase política es conservadora, pues, en pos de defender sus intereses de clase, defiende de forma unánime este régimen que le da poder absoluto para gobernar y legislar sin límites, mientras que el pueblo, en situación desfavorecida, trata de forma unánime de revertir la situación y arrebatar el poder a las élites gobernantes. Desgraciadamente, la realidad es que la inmensa mayoría del pueblo, o bien acepta, de mejor o peor grado, la supuesta legitimidad del régimen, o bien defiende, ya sea por convicción o por rastrero oportunismo, el actual sistema de gobierno como el más conveniente.
Nuestro objetivo aquí no es identificar a los enemigos de la revolución en general: los principales enemigos son los políticos y los grandes monopolios empresariales que los controlan; eso no es ningún secreto. La cuestión es identificar a los elementos de la sociedad civil que actúan en beneficio de la clase política, pues sin estos no se podría mantener la apariencia de legitimidad que tiene el régimen.
Primero de todo, debemos señalar a los principales servidores del poder establecido: las cadenas de televisión, los tertulianos y los periodistas. La relación entre poder político y poder mediático es tan estrecha que, en cierto modo, se podría considerar a los altos cargos de la industria televisiva como una extensión misma de la clase política. Los medios de comunicación han tenido un monopolio absoluto de la información durante tantas décadas que se han vuelto imprescindibles para la legitimación del régimen. Es por ello que la clase política, con el fin de no perder este instrumento de propaganda tan valioso, ha agasajado a todas las televisiones, radios y periódicos con tantos favores y subvenciones que ha hecho imposible cualquier atisbo de pensamiento crítico en estos espacios.
En este sentido, la apertura de los medios digitales ha sido una gran bendición para la causa revolucionaria, pues ha permitido la difusión de las ideas sin que la clase política pudiera censurarlas. En defensa de estos nuevos medios, en los cuales debemos hacernos hegemónicos, debemos atacar de forma tan enérgica a los medios de comunicación tradicionales como a los propios políticos.
Los medios tradicionales están perdiendo el negocio de la información y, consecuentemente, la clase política está perdiendo el monopolio del relato. Es por ello que, o bien intentan desprestigiar a los medios digitales, o bien intentan comprarlos y controlarlos para eliminar el discurso revolucionario.
La clase política, viendo la pérdida del monopolio informativo por parte de los medios tradicionales, sobre los cuales tiene un absoluto control, trata de extenderse, como si fuera un parásito, a los nuevos medios digitales. La compra de divulgadores y «librepensadores» en internet por parte de las diferentes facciones del Estado es tan evidente y asquerosa que da cierto pudor referirse a ellos directamente. Estos «comunicadores» funcionan como propagandistas a sueldo de los diferentes partidos y, secundariamente, como legitimadores del régimen del 78. No falta incluso quien, entre estos payasos de circo, adopta cierta retórica y terminología revolucionaria, empleando términos como «verdadera democracia» o «partidocracia». No os dejéis engañar por ellos: si no señalan el problema de fondo —la Constitución, el sistema de partidos y la monarquía—, no son revolucionarios, sino conservadores que aprovechan la creciente espuma revolucionaria para llevar al pueblo de nuevo a la lucha partidista que ha perpetuado este régimen durante cuarenta años.
No se puede decir que todos ellos reciban directamente un beneficio económico por parte del Estado, pues es evidente que existe en las redes una gran horda de «tontos útiles». A estos no hay que machacarlos, sino señalarles su error y tratar de sacarlos de la confusión. Es a los otros, a los propagandistas a sueldo, a quienes tenemos que señalar como enemigos; enemigos del pueblo y de la revolución: David Santos, Sarah Santaolalla, Alan Barroso… Sus nombres son tan infames como numerosos.
Los nuevos partidos que crecen en el seno de las redes sociales son de un género parecido. Aprovechan el descontento existente no para impulsar la revolución, sino para crecer ellos y su partido, con el fin de convertirse en integrantes de pleno derecho de la corrupta oligarquía política que nos gobierna. Para ello, critican la corrupción de los actuales agentes políticos, pero no señalan dónde está la génesis de dicha corrupción. Hablan de partidocracia, pero de forma vaga y sin especificar su verdadero significado, haciendo entrever que la partidocracia está compuesta solo por determinados partidos y no por el sistema en su conjunto. Finalmente, hablan de forma vaga y general de cambiar el sistema, de un cambio radical, pero su modo de cambiar el régimen no es otro que ocupar ellos los cargos de poder y tomar las «decisiones correctas». No hablan de cuál es la verdadera alternativa; no hablan de cómo es una verdadera Constitución, qué elementos son necesarios para constituir una verdadera democracia… No son más que aspirantes a formar parte de la clase política. No señalan los verdaderos defectos del sistema ni proponen alternativas concretas para cambiarlo porque aspiran a vivir de él. De esta especie, los ejemplos más claros son Alvise Pérez y Roberto Vaquero.
Nosotros, los revolucionarios, debemos posicionarnos enfrente de todos estos futuros políticos y señalar, única y exclusivamente, los vicios del régimen del 78 y sus consecuencias para el porvenir de España, así como mostrar la única alternativa que puede hacer de este país, en el futuro, un país libre.