Desde la Junta Democrática llevamos años defendiendo una tesis que muchos consideran incómoda, pero que resulta imposible de refutar cuando se analizan los hechos con rigor: España no es una democracia.
Lo que existe en nuestro país es un Estado de partidos, donde las organizaciones políticas han ocupado las instituciones y han sustituido la voluntad de los ciudadanos por la voluntad de las cúpulas partidistas.
Esta afirmación no nace de una preferencia ideológica ni de una disputa entre izquierdas y derechas. Nace del análisis científico de las instituciones realizado por Antonio García-Trevijano y de la constatación de que los principios fundamentales de cualquier democracia auténtica están ausentes del sistema político español.
La primera cuestión que cualquier ciudadano debería examinar es la separación de poderes.
Para que exista separación de poderes, el Ejecutivo y el Legislativo deben tener legitimidades de origen diferentes. Esto significa que deben proceder de elecciones distintas y responder a mandatos políticos independientes. Solo de esta forma quienes hacen las leyes y quienes las ejecutan pueden controlarse mutuamente.
En España ocurre exactamente lo contrario. El Gobierno nace de la mayoría parlamentaria y depende de ella para mantenerse. El Parlamento, lejos de controlar al Ejecutivo, es controlado por los mismos partidos que forman el Gobierno.
La prueba más sencilla está al alcance de cualquiera. Cada vez que el presidente del Gobierno o cualquier miembro del Ejecutivo comparece ante los medios para anunciar que «vamos a aprobar una ley», está reconociendo públicamente que controla la mayoría parlamentaria encargada de votar esa ley.
La segunda cuestión es la independencia judicial. Durante décadas hemos contemplado cómo los principales partidos políticos negocian el reparto de puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Lo hacen públicamente y discuten cuotas y nombramientos como parcelas de poder.
Pero, incluso si existiera una separación efectiva entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, seguiría faltando el elemento más importante de todos: la representación política.
Los diputados no son elegidos por los ciudadanos de forma individual. Son seleccionados previamente por las direcciones de los partidos e incluidos en listas cerradas y bloqueadas. Como consecuencia, su lealtad se dirige hacia el partido y no hacia los electores.
Antonio García-Trevijano denominó a este sistema «Estado de partidos»: un régimen donde los partidos colonizan las instituciones, controlan los poderes públicos y sustituyen la representación política por estructuras oligárquicas.
Frente al Estado de partidos, la Junta Democrática defiende la libertad política colectiva, la elección separada del poder Ejecutivo y del Legislativo, la independencia judicial y una auténtica representación política basada en representantes responsables ante los ciudadanos.
La primera condición para recuperar la libertad política es comprender la realidad. La segunda es dejar de otorgar legitimidad a un sistema que carece, según esta visión política, de los elementos esenciales de una democracia.