El anuncio de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, sobre la quita de 83.252 millones de euros de la deuda autonómica no es sino otra manifestación de la corrupción estructural del Estado de partidos. En este régimen oligárquico, donde los partidos han suplantado a la sociedad civil y han convertido el poder en una mera gestión de intereses facciosos, el PSOE y el PP escenifican una disputa que en el fondo es irrelevante: todos, a izquierda y derecha, están atrapados en la dinámica del consenso, que niega la política y somete a los ciudadanos a decisiones impuestas sin representación ni control alguno.
Esta condonación de deuda, disfrazada de mecanismo financiero, no es más que un pago a las facciones que sostienen el Gobierno de Pedro Sánchez. En la Monarquía de Partidos, la política no es más que el reparto de los despojos del Estado entre oligarquías regionales y nacionales, a expensas de la ciudadanía inerme. El PP, por su parte, finge una oposición basada en el agravio territorial, pero lo hace por puro cálculo electoral, pues en su día fue el artífice del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un artificio que perpetuó la dependencia de las autonomías del Estado central, garantizando así el control de las cúpulas partidistas sobre los recursos públicos.
El actual Estado de partidos está intrínsecamente ligado a la deuda, ya que su corrupción creciente, sus duplicidades y su ineficiencia generan un gasto desbocado que no pueden compensar ni siquiera con el constante incremento de impuestos a los ciudadanos. La clase política en España ha convertido al ciudadano en su fuente de explotación, sometido a una carga fiscal cada vez mayor para sostener un entramado institucional hipertrofiado e inoperante, donde el despilfarro y la falta de responsabilidad se han convertido en norma.
La cuestión de fondo no es la deuda, sino el régimen mismo. Un sistema político donde la sociedad civil no tiene capacidad de controlar al poder, donde los ciudadanos son meros espectadores de un teatro parlamentario donde las decisiones ya están tomadas en las cúpulas de los partidos estatales. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al igual que el Congreso de los Diputados o cualquier otra institución de esta Monarquía partitocrática, no representa a la nación sino a la voluntad de las oligarquías políticas que lo dominan.
El problema de la financiación autonómica y de la deuda no se resolverá con una quita selectiva o con una reforma cosmética. La solución solo puede venir con la instauración de una verdadera democracia, donde la separación de poderes y la representación política efectiva impidan que el dinero público sea utilizado como moneda de cambio en el mercadeo del poder. La Junta Democrática de España propone un cambio de régimen, el fin de la Monarquía de Partidos y la instauración de una República Constitucional donde la sociedad civil recupere el poder que le ha sido arrebatado por la casta política. Hasta entonces, seguirá el expolio de los ciudadanos en beneficio de las facciones que han secuestrado el Estado.
A los españoles que aún confían en el juego de las facciones, os decimos: este expolio acabará el día en que decidáis acabar con el régimen. No es el partido azul ni el rojo la solución a vuestros problemas, ni el partido opuesto su origen. El problema es sistémico, y el día en que comprendáis esta verdad, la solución será evidente. Es necesario poner fin a este sistema de partidos estatales. Ese día os estaremos esperando, y seréis bienvenidos a la Junta Democrática.
