En 2019, probablemente sin conocer la teoría política de Antonio García-Trevijano, Chile recorrió una
secuencia de acontecimientos sorprendentemente parecida a la que, desde esa teoría, podría conducir a un
periodo de libertad constituyente: deslegitimación del sistema, movilización de la sociedad civil, crisis
política y, finalmente, aceptación por parte del Estado de la necesidad de abrir un proceso constituyente.
No estoy diciendo que Chile aplicara la teoría de Trevijano. No lo hizo. Tampoco estoy diciendo que la
abstención electoral, por sí sola, provocara el proceso constituyente. Los hechos no permiten sostener una
relación tan simple. Lo que sí demuestra el caso chileno es algo importante: cuando una crisis de
legitimidad se combina con una movilización social masiva y persistente, el poder constituido puede verse
obligado a modificar unas reglas que hasta entonces parecía decidido a conservar.
Y esa es una lección que merece ser estudiada por cualquiera que defienda la conquista de la libertad
política colectiva.
Una Constitución que seguía siendo percibida como la Constitución
de una dictadura
El objetivo contra el que se dirigía buena parte del malestar chileno tenía una enorme carga simbólica: la
Constitución originada en la dictadura de Augusto Pinochet.
Conviene hacer una precisión histórica. No era exactamente el mismo texto que había entrado en vigor
durante la dictadura. La Constitución de 1980 había sido reformada en numerosas ocasiones y experimentó
una importante reforma en 2005. La Ley nº 20.050 fue publicada el 26 de agosto de 2005, y el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución fue promulgado mediante el Decreto nº 100 el 17
de septiembre de 2005 y publicado el 22 de septiembre de 2005, durante la presidencia de Ricardo Lagos.
Sin embargo, pese a esas reformas, para una parte importante de la sociedad chilena seguía existiendo el
problema de su origen: continuaba siendo percibida como una Constitución nacida bajo una dictadura.
Ésta es una primera diferencia fundamental con el planteamiento de Antonio García-Trevijano.
En Chile existía una enorme energía política contra algo. Había una voluntad de dejar atrás el orden
existente. Pero no existía, al menos de forma mayoritaria y unificada, una idea clara sobre qué debía
construirse en su lugar.
Se luchaba contra lo existente mucho más claramente de lo que se luchaba por un proyecto político
concreto.
Y, como veremos, esa diferencia terminó siendo decisiva.
Antes de las calles: una profunda desafección electoral
Antes del estallido social de octubre de 2019, Chile ya mostraba una importante distancia entre la
ciudadanía y el sistema electoral.
En la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 19 de noviembre de 2017, la participación fue del
46,70 %. En otras palabras, aproximadamente el 53,30 % del electorado se abstuvo.
En la segunda vuelta presidencial, celebrada el 17 de diciembre de 2017, la participación ascendió
aproximadamente al 49,02 %, dejando una abstención cercana al 50,98 %.
Es decir, antes de que comenzara el estallido social, más de la mitad del electorado no había participado en
la primera vuelta presidencial de 2017. El Servicio Electoral de Chile registra oficialmente ambas elecciones
y sus estadísticas de participación.
Ahora bien, hay que ser rigurosos: no podemos afirmar que ese más del 50 % de abstención fuera una
abstención organizada y consciente con el objetivo de deslegitimar el sistema. No hay base histórica
suficiente para decir eso.
Pero sí podemos observar un hecho objetivo: una parte enorme de la ciudadanía había dejado de
participar electoralmente.
Y aquí aparece el primer paralelismo con la teoría de García-Trevijano.
Para Trevijano, la abstención políticamente consciente no debe entenderse como apatía. No se trata
simplemente de quedarse en casa porque da igual quién gane. La abstención, en su planteamiento, tendría
que convertirse en una acción política consciente: la negativa a legitimar con la participación un sistema
que no se considera verdaderamente representativo.
Chile no llegó a esa situación mediante una campaña organizada de abstención trevijanista. Pero sí llegó a
octubre de 2019 con una participación electoral extraordinariamente baja y una evidente crisis de
representación.
Y ése es un dato que quienes afirman que «no participar no sirve para nada» deberían, como mínimo, tener
en cuenta.
La abstención por sí sola no cambió el sistema chileno. Pero tampoco impidió que la sociedad civil actuara
después por otros medios.
Cuando la sociedad salió de las instituciones y ocupó las calles
El detonante fue aparentemente pequeño.
El 7 de octubre de 2019 comenzaron las acciones de evasión masiva del pago en el Metro de Santiago,
inicialmente impulsadas por estudiantes secundarios como protesta contra la subida de la tarifa.
El 18 de octubre de 2019, la situación estalló.
Lo que comenzó alrededor del transporte público se convirtió rápidamente en una movilización contra
problemas mucho más profundos: desigualdad, pensiones, salarios, educación, sanidad, coste de la vida,
abusos y desconfianza hacia las instituciones.
El Gobierno respondió inicialmente desde la lógica del orden público.
El 19 de octubre de 2019 comenzó la declaración del estado de emergencia en distintas zonas del país. Se
desplegaron militares y se establecieron posteriormente toques de queda. La situación fue objeto de
investigación por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El enfrentamiento entre sociedad y poder constituido se hizo evidente.
Y una semana después llegó uno de los acontecimientos políticos más significativos de todo el proceso.
El 25 de octubre de 2019, aproximadamente 1,2 millones de personas se manifestaron en Santiago,
además de las movilizaciones producidas en otras ciudades del país.
Una cifra así no representa una simple protesta sectorial.
Representa una crisis nacional.
Representa el momento en el que una sociedad demuestra que posee una capacidad de acción política que
no depende exclusivamente de las instituciones, de los partidos o de las elecciones.
Y aquí es donde el caso chileno se aproxima de forma especialmente interesante al esquema político de
Trevijano.
Una sociedad que ha perdido confianza en sus instituciones no tiene por qué limitarse a esperar cuatro
años para volver a introducir una papeleta en una urna.
La sociedad civil puede actuar.
Puede organizarse.
Puede hacer visible una crisis de legitimidad que las instituciones prefieren ignorar.
Puede exigir que el problema sea reconocido.
Y Chile lo hizo.
La respuesta del Estado: de la emergencia a aceptar una nueva Constitución
La secuencia de fechas resulta especialmente reveladora.
18 de octubre de 2019: comienza el estallido social.
19 de octubre de 2019: estado de emergencia y despliegue militar.
25 de octubre de 2019: aproximadamente 1,2 millones de personas se manifiestan en Santiago.
Y, apenas unas semanas después, el Gobierno comienza a aceptar públicamente que la cuestión
constitucional forma parte de la salida a la crisis.
El 11 de noviembre de 2019, el Gobierno anunció oficialmente que había acordado «iniciar el camino para
avanzar hacia una nueva Constitución». En ese comunicado, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, habló
de la necesidad de «reconfigurar el pacto social del país», tal como, según el propio Gobierno, lo había
expresado la ciudadanía durante las semanas anteriores.
El 12 de noviembre de 2019, el presidente Sebastián Piñera fue todavía más explícito y propuso tres
grandes acuerdos: uno por la paz y contra la violencia, otro por la justicia y una agenda social, y un tercero
para una nueva Constitución en el marco de la institucionalidad democrática.
Tres días después llegó el momento decisivo.
En la madrugada del 15 de noviembre de 2019 se alcanzó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva
Constitución, suscrito por representantes de diversas fuerzas políticas y que sentó las bases del proceso
constituyente.
Finalmente, el proceso fue institucionalizado mediante una reforma constitucional.
El 23 de diciembre de 2019, Sebastián Piñera promulgó la Ley nº 21.200, que abrió formalmente el
mecanismo para el proceso constituyente.
Esto es, en mi opinión, uno de los aspectos más importantes del ejemplo chileno.
Una sociedad profundamente movilizada consiguió que el poder constituido aceptara discutir y modificar
las reglas fundamentales del sistema.
No fue una concesión gratuita.
Fue la respuesta política a una crisis que el Estado ya no podía resolver manteniendo simplemente la
situación anterior.
El pueblo dijo claramente que quería cambiar la Constitución
El siguiente paso fue el plebiscito del 25 de octubre de 2020.
La participación alcanzó aproximadamente el 50,9 % del padrón electoral, lo que supone una abstención
cercana al 49,1 %. A pesar de que la participación seguía sin superar ampliamente la mitad del electorado,
la respuesta de quienes acudieron a votar fue contundente.
La pregunta principal era si Chile debía tener una nueva Constitución.
El resultado fue:
Apruebo una nueva Constitución: 78,27 %
Rechazo: 21,74 %
La segunda pregunta consultaba qué órgano debía redactarla.
El resultado fue:
Convención Constitucional: 78,99 %
Convención Mixta Constitucional: 21,01 %.
Por tanto, aquí no cabe ninguna duda sobre la voluntad expresada por los votantes: quienes participaron
aprobaron de forma abrumadora iniciar un proceso para sustituir la Constitución.
La movilización había conseguido abrir la puerta.
El Estado había aceptado el proceso.
Y posteriormente una amplísima mayoría de los votantes confirmó electoralmente que quería una nueva
Constitución.
Pero aquí apareció el gran problema: ¿para construir qué?
Y aquí es donde, en mi opinión, está el principal fracaso del proceso chileno y la principal diferencia con lo
que debería buscar una organización que persiga conscientemente la libertad política colectiva.
Chile tenía muy claro lo que quería dejar atrás.
Pero no tenía un acuerdo equivalente sobre lo que quería construir.
La elección de los integrantes de la Convención Constitucional se celebró los días 15 y 16 de mayo de 2021.
La participación fue aproximadamente del 41,5 %, es decir, la abstención volvió a situarse en torno al 58,5
%.
De nuevo, una mayoría del electorado no participó en la elección del órgano que iba a redactar el proyecto
de nueva Constitución.
La Convención elaboró su propuesta y ésta fue sometida al pueblo.
El 4 de septiembre de 2022 se celebró el primer plebiscito de salida.
Esta vez el voto era obligatorio y la participación fue histórica: aproximadamente 85,7 % del padrón, lo que
dejó una abstención cercana al 14,3 %.
Y el resultado fue demoledor:
Rechazo: 61,86 %
Apruebo: 38,14 %.
El pueblo que en 2020 había dicho por un 78,27 % que quería una nueva Constitución acababa de decir por
un 61,86 % que no quería esa Constitución.
Ésta es una diferencia fundamental.
Querer cambiar algo no significa aceptar cualquier alternativa.
Un segundo intento y un segundo rechazo
Chile abrió entonces un segundo proceso constitucional.
Se elaboró un nuevo proyecto y se sometió nuevamente a votación.
El 17 de diciembre de 2023 se celebró el segundo plebiscito constitucional.
Participaron 13.014.963 personas. El resultado fue:
En contra: 55,76 %
A favor: 44,24 %.
Por segunda vez, la ciudadanía rechazaba una propuesta de nueva Constitución.
El resultado final es conocido:
Después de años de movilizaciones, un estallido social, estado de emergencia, manifestaciones
multitudinarias, un acuerdo político, un plebiscito de entrada, una Convención Constitucional, un primer
proyecto rechazado, un segundo proceso y un segundo proyecto rechazado, Chile continuó con la
Constitución de 1980 en su versión reformada.
Y ahí está la lección.
No basta con destruir: hay que saber qué se quiere construir
Éste fue, a mi juicio, el gran problema de Chile.
La sociedad consiguió una victoria política extraordinaria: obligó al sistema a abrir un proceso para cambiar
su Constitución.
Pero una cosa es tener claro lo que no quieres y otra muy diferente saber lo que quieres construir.
Chile consiguió decir:
No queremos esto.
Pero no consiguió construir un consenso suficiente alrededor de:
Queremos esto otro.
Y ésa es una advertencia para cualquier movimiento político que aspire a cambiar radicalmente un sistema.
Luchar exclusivamente contra algo es peligroso.
Porque cuando consigues destruir o modificar aquello contra lo que luchabas, aparece inmediatamente la
pregunta fundamental:
¿Y ahora qué?
Si no existe una respuesta suficientemente clara, el proceso puede ser ocupado por intereses distintos, por
partidos, por ideologías enfrentadas o por proyectos incompatibles entre sí.
Y el resultado puede ser exactamente el que hemos visto en Chile: dos intentos, dos Constituciones
rechazadas y la permanencia del orden constitucional anterior.
Chile como ejemplo de eficacia, pero también como advertencia
Por eso considero que Chile es un buen ejemplo.
No porque haya conseguido conquistar la libertad política colectiva.
No la conquistó.
Y tampoco porque el proceso constitucional terminara con una nueva Constitución.
No terminó así.
Chile es un buen ejemplo porque demuestra, hace muy poco tiempo y con hechos históricos concretos, que
la acción política de una sociedad puede obligar al poder constituido a aceptar cambios que antes no
estaba dispuesto a aceptar.
Demuestra que la desafección y la pérdida de participación no significan necesariamente que una sociedad
esté políticamente muerta.
Demuestra que una sociedad civil organizada puede convertir una crisis de representación en una crisis
política real.
Demuestra que la calle puede obligar a las instituciones a escuchar aquello que previamente ignoraban.
Y demuestra, al mismo tiempo, que todo ese esfuerzo puede terminar siendo insuficiente si no existe
claridad sobre el objetivo político que debe alcanzarse.
La comparación con España
Éste es el punto en el que el caso chileno puede servir como ejemplo para España o para cualquier otro país
que quiera conquistar la libertad política colectiva.
No se trata de copiar literalmente a Chile.
Las circunstancias históricas son diferentes.
Los sistemas políticos son diferentes.
Y las causas de la crisis son diferentes.
Se trata de comprender una secuencia.
Primero, una parte creciente de la sociedad deja de confiar en el sistema.
En Chile, esa desafección se reflejó antes del estallido en cifras de participación inferiores al 50 %: en la
primera vuelta presidencial de 2017 votó el 46,70 % y se abstuvo aproximadamente el 53,30 %.
Desde una perspectiva democrática, un sistema en el que más de la mitad del electorado deja de participar
sufre necesariamente un problema de legitimidad política. Eso no significa que jurídicamente desaparezca
el Estado ni que automáticamente quede sin efecto su legalidad. Significa que, si entendemos la
democracia como gobierno basado en el consentimiento y la participación política de los gobernados,
resulta imposible ignorar indefinidamente una retirada masiva de apoyo y participación.
En mi opinión, superar el 50 % de abstención es un dato políticamente significativo. Una abstención
consciente y organizada superior al 60 % supondría todavía una señal mucho más clara de retirada de
legitimidad democrática.
Pero hay una condición esencial: no puede ser apatía.
Tiene que ser una decisión política consciente.
No participar porque «todos son iguales» no es suficiente.
La cuestión es comprender por qué no se participa.
Porque el problema, desde esta perspectiva, no son únicamente los partidos que compiten dentro del
sistema.
El problema es el propio sistema político.
Cambiar de partido sin cambiar las reglas fundamentales no equivale necesariamente a conquistar libertad
política.
De la abstención consciente a la acción colectiva
Aquí es donde la comparación con Trevijano adquiere su verdadero sentido.
La abstención consciente puede ser una primera manifestación de deslegitimación.
Pero no puede ser el final.
Una sociedad que simplemente se queda en casa y desaparece políticamente no construye libertad.
La siguiente fase tiene que ser la organización de la sociedad civil.
Y después, la acción colectiva.
Chile demuestra que una población puede pasar de una situación de profunda desafección electoral a una
capacidad extraordinaria de movilización política.
Pero también demuestra que la movilización debe tener una finalidad.
No basta con decir:
«No queremos esto».
Hay que poder decir:
«Queremos construir esto».
Y ésa es, a mi juicio, la gran diferencia entre el caso chileno y el objetivo que debería perseguir una
organización consciente de la necesidad de una ruptura democrática.
La Junta Democrática no debería limitarse a pedir la destrucción de un sistema.
Su objetivo tendría que ser mucho más claro: conquistar un periodo de libertad constituyente en el que la
ciudadanía pueda establecer las reglas de un sistema político nuevo.
Un sistema basado, entre otros principios fundamentales, en:
separación de poderes;
representación política efectiva;
independencia judicial.
No se trata de cambiar unos gobernantes por otros.
No se trata de sustituir unas siglas por otras.
No se trata simplemente de reformar aquello que ya existe.
Se trata de comprender que, si el problema está en el sistema político, la solución no puede limitarse a
elegir nuevos jugadores para seguir jugando con las mismas reglas.
La lección final de Chile
La experiencia chilena nos deja una doble enseñanza.
La primera es positiva.
Sí se pueden conseguir cambios que parecen imposibles.
En octubre de 2019, pocos podían imaginar que, en cuestión de semanas, el Gobierno acabaría aceptando
públicamente iniciar el camino hacia una nueva Constitución.
Sin embargo, ocurrió.
El 11 de noviembre de 2019, el Gobierno anunció que había acordado iniciar ese camino.
El 12 de noviembre, Piñera incorporó expresamente una nueva Constitución a su propuesta de acuerdos
nacionales.
El 15 de noviembre, las fuerzas políticas alcanzaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución.
El 23 de diciembre, se promulgó la reforma que permitió institucionalizar el proceso.
Es decir: lo que antes parecía imposible se convirtió en una realidad política porque la situación existente
dejó de ser sostenible.
La segunda enseñanza es una advertencia.
No basta con conquistar la posibilidad del cambio. Hay que saber qué cambio se quiere conquistar.
Chile abrió la puerta de un proceso constituyente.
Pero la sociedad no consiguió construir una mayoría suficiente alrededor de ninguno de los dos proyectos
constitucionales que llegaron a las urnas.
Por eso terminó donde empezó en términos constitucionales fundamentales: con la Constitución anterior,
aunque reformada.
Éste es el error que no debería repetirse.
La eficacia no consiste únicamente en conseguir que el Estado acepte una reivindicación.
La eficacia consiste en llegar preparado al momento en que el Estado ya no puede ignorarla.
Porque ése es el momento decisivo.
Cuando una ciudadanía ha comprendido que el problema no es simplemente qué partido gobierna, sino el
sistema político que permite y organiza el poder, entonces la discusión cambia por completo.
La cuestión deja de ser quién debe gobernar mañana.
La cuestión pasa a ser:
¿Bajo qué reglas queremos ser gobernados?
Y todavía más importante:
¿Quién tiene derecho a decidir esas reglas?
Ésa es la cuestión de la libertad constituyente.
Chile demuestra que la deslegitimación, la movilización y la presión organizada pueden obligar al poder
constituido a abrir una puerta.
Pero también demuestra que abrir la puerta no basta.
Hay que saber hacia dónde se quiere caminar.
Por eso, para quienes defienden la libertad política colectiva, Chile debería ser estudiado simultáneamente
como ejemplo de eficacia y advertencia estratégica.
Ejemplo de eficacia, porque demuestra que una crisis de legitimidad combinada con una movilización social
masiva puede obligar al poder a aceptar cambios que antes rechazaba.
Advertencia estratégica, porque demuestra que destruir un consenso sin haber construido previamente un
proyecto alternativo puede conducir, después de un enorme esfuerzo, al regreso al mismo punto de
partida.
La lección, por tanto, no es solamente abstenerse.
La lección no es solamente salir a la calle.
La lección no es solamente protestar.
La lección es comprender el problema, retirar conscientemente la legitimidad política al sistema que
se considera ilegítimo, organizar a la sociedad civil, movilizarse pacíficamente y llegar al momento de
la ruptura democrática con un objetivo claro.
No luchar únicamente contra algo.
Luchar por algo.
Y ese algo debe ser la conquista de la libertad política colectiva: un periodo de libertad constituyente en el
que sea la ciudadanía, y no las estructuras de poder que pretende superar, quien pueda decidir las reglas
de una auténtica representación política, de una efectiva separación de poderes y de una verdadera
independencia judicial.
Chile no llegó hasta ese punto.
Pero demostró que el camino hacia un cambio que parecía imposible puede empezar cuando la ciudadanía
deja de aceptar pasivamente que no hay alternativa.