La vivienda es una necesidad esencial. Sin un hogar estable resulta difícil emanciparse, formar una familia o construir un futuro. Precisamente por la gravedad del problema, debemos exigir algo más que relatos conmovedores y consignas. La emoción puede despertar la solidaridad, pero no sustituye al análisis de las causas ni a la exigencia de responsabilidades.
El sufrimiento también puede, y suele, convertirse en publicidad política. Un drama personal ocupa las pantallas, los partidos intercambian acusaciones y cada facción se presenta como protectora de los perjudicados, inquilinos o propietarios. Mientras discutimos qué españoles deben cargar con la culpa, queda relegada una pregunta: ¿qué capacidad tenemos para exigir responsabilidades a quienes toman las decisiones?
Convertir a propietarios e inquilinos en bandos enemigos simplifica un problema complejo y ofrece una oportunidad a las facciones estatales del 78. Una sociedad enfrentada pierde capacidad para organizarse y actuar conjuntamente frente al poder. Hoy en España, cada grupo busca su trinchera ideológica, asume su “protector político” y aumenta su dependencia del Estado. Quienes deberían rendir cuentas terminan administrando nuestra indignación y aprovechándose de ella para perpetuarse en el poder.
Hablar de gobernantes y gobernados aclara mejor la relación de poder y el verdadero nudo gordiano detrás de la vivienda y de tantas otras crisis en España.
El recuerdo del 15M debería prevenirnos frente a la apropiación partidista de la indignación. Una movilización puede reunir a ciudadanos sinceros y acabar subordinada a objetivos que ellos no deciden. La protesta terminará cuando sus dirigentes hayan conseguido la ventaja política que buscan, y el problema de los manifestantes continuará, y nada habrá cambiado en lo que verdaderamente importa: Las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados. Esa, y solo esa es la palanca que podría permitirnos resolver los problemas que enfrentamos los españoles. Nada cambiará mientras las manifestaciones sean de parte y se centren en las consecuencias del problema, y no en sus causas.
La acampada de Sol debe examinarse también desde esa perspectiva. Quienes allí protestan tienen derecho a hacerlo y razones para reclamar soluciones, pero equivocan su objetivo. La libertad política no construye viviendas, pero hace algo más importante aún: que quienes gobiernan deban responder ante los gobernados.
Esa es la lucha que queremos dar desde la Junta Democrática: unir a los españoles para conquistar la libertad política colectiva. Una causa común que no exige compartir ideología, porque defiende por igual la libertad de todos.
Antonio Alfaro