Prácticamente dos días después, la inmensa mayoría de los mensajes que sigo leyendo son los mismos: personas que señalan a Pedro Sánchez como el único responsable de todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, seguimos mirando el dedo en lugar de contemplar el bosque con perspectiva.
El verdadero problema, desde mi punto de vista, no es únicamente lo que Pedro Sánchez hace o deja de hacer. El problema es un sistema político que permite que cualquier presidente pueda gobernar el país con un margen de actuación que muchos ciudadanos consideran alejado de sus necesidades, mientras que la capacidad de influencia de la sociedad entre elecciones resulta muy limitada.
Si la democracia significa que el poder reside en el pueblo, cabe preguntarse si los ciudadanos cuentan realmente con herramientas suficientes para decidir aquello que consideran mejor para su futuro. Para muchos, ahí radica la raíz del problema: en un sistema que acaba relegando las necesidades reales de la ciudadanía y sustituyéndolas por debates ideológicos cada vez más ambiguos, en los que las fronteras entre unos y otros parecen difuminarse.
Tampoco conviene olvidar que España lleva décadas inmersa en intensos debates sobre su identidad nacional. Hay quienes sostienen, además, que la influencia de actores internacionales sobre la política y la economía españolas ha aumentado con el paso de los años. Esa percepción lleva a algunos ciudadanos a pensar que los distintos partidos terminan participando en una misma dinámica, pese a presentarse como alternativas enfrentadas.
Desde esa perspectiva, la aparición constante de nuevos partidos y movimientos políticos no supondría necesariamente un cambio de rumbo, sino una ampliación de la oferta dentro de unos límites previamente establecidos. Mientras tanto, los ciudadanos continúan participando en un enfrentamiento político que, para muchos, nunca llega a cuestionar las bases del sistema.
Lo ocurrido en Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto esa sensación de abandono que experimentan muchos de sus ciudadanos. Hay quienes consideran que la ciudad acaba siendo utilizada como una pieza más dentro de una estrategia política nacional, mientras que sus problemas cotidianos quedan relegados a un segundo plano. El objetivo, según esta visión, no sería resolver esos problemas, sino mantener el poder durante cuatro años más. Después llegarán «los otros»; cambiarán los colores, cambiarán los discursos y cambiarán las siglas, pero muchos ciudadanos sienten que, en el fondo, muy poco cambia.
Quienes defienden esta postura también sostienen que, al analizar las relaciones económicas, empresariales o internacionales de los diferentes actores políticos, aparecen conexiones que alimentan la percepción de que determinadas dinámicas trascienden las diferencias ideológicas. Se trata de una interpretación política que genera un profundo escepticismo respecto al funcionamiento del sistema.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto más necesita el pueblo español para convencerse de que el cambio que desea no llegará únicamente desde las instituciones?
Si realmente queremos construir un futuro diferente para nuestros hijos, quizá la respuesta no esté en esperar al próximo partido político o al próximo líder, sino en fortalecer una sociedad civil capaz de exigir responsabilidades, participar activamente y condicionar las decisiones de quienes gobiernan.
Porque una cosa debería estar clara: si el cambio que necesita el país no nace de una ciudadanía organizada, crítica y comprometida, difícilmente llegará por iniciativa de una clase política que, por definición, forma parte del propio sistema.