El derecho positivo es un instrumento originalmente pensado como elemento que facilite el gobierno de la clase dominante sobre el conjunto del pueblo: así, el gobernante no tiene que tratar de resolver, en ejercicio de su soberanía, cada uno de los conflictos que surgen entre sus ciudadanos, sino que puede delegar dicha función mediante el establecimiento de esquemas generales que faciliten la resolución de dichos conflictos de acuerdo con su voluntad. Asimismo, el derecho sirve para establecer como normas positivas aquellas normas que son de carácter moral o consuetudinario, de forma que hace obligatorio su cumplimiento de manera coactiva.
Si bien el derecho puede parecer, a ojos de los lectores menos versados en teoría política, una simple herramienta necesaria de control que limita la libertad de aquellos que se encuentran sometidos a él, es, en realidad, lo que verdaderamente permite la existencia de la vida colectiva en libertad. En este sentido, no se equivocaba Cicerón cuando afirmaba que todos debemos ser esclavos de las leyes para que podamos ser libres («Legum servi sumus ut liberi esse possimus.»), pues el derecho permite que nuestra libertad no sea coartada por otros ni que nosotros podamos coartar la libertad de los demás. Alguno podría decir que la ley nos impide ejercer nuestra libertad a la hora de cometer injusticias, pero esta afirmación carece de sentido, pues la libertad no es el libre albedrío de actuar en función de todas nuestras pasiones y vicios, sino la noble facultad de actuar de acuerdo con nuestra recta conciencia moral, que constituye nuestra verdadera voluntad. Quien actúa de forma injusta, por ende, no lo hace de forma libre, pues su voluntad es, naturalmente, acorde con la moral, sino que actúa de forma injusta por ser esclavo de sus impulsos, que lo empujan a actuar en contra de su verdadera conciencia y voluntad.
Sin ley, seríamos esclavos de los demás y de nosotros mismos. Sin embargo, no basta con que seamos esclavos de la ley, sino que, para ser libres, el resto de nuestros conciudadanos debe estar en la misma condición. He aquí el gran problema de la ley: basta que un solo ciudadano no esté sometido a ella para que el resto deje de ser verdaderamente libre, pues serían objeto de potenciales injusticias contra las que no podrían oponerse.
Lo común a lo largo de la historia ha sido que, precisamente, aquel que, en ejercicio de su soberanía, elaboraba e imponía la ley estuviera exento de cumplirla, por el hecho de ser señor absoluto en el ejercicio del poder. En esa situación, nadie es esclavo de la ley, sino esclavo del soberano, para el cual la ley es un mero instrumento de control. Nosotros, que buscamos la libertad, no buscamos el gobierno de ningún soberano, sino el imperio absoluto de la ley, de forma que todos, sin excepción, se inclinen ante ella y que nadie, sin excepción, pueda hacer uso ilegítimo de la misma.
Hay un único elemento, inexistente en España, que puede llevar a los legisladores y al Gobierno a los pies del derecho: la Constitución. La Constitución, mediante la separación de los poderes del Estado, deja tan impotentes a las diferentes instituciones que nadie tiene el poder suficiente como para atacar la ley constitucional o para incumplir la ley ordinaria. Solo la estrecha colaboración entre los tres poderes podría llevar al incumplimiento impune de la ley, pero, bajo un régimen constitucional, el odio y el miedo entre los diferentes poderes es tal que dicha colaboración resulta imposible.
Son incontables los vicios que se crean en el seno de la comunidad cuando el pueblo ve que la ley es vilipendiada impunemente por parte de la clase gobernante: el pueblo pierde todo respeto o amor por la ley o por el Gobierno, y pasa a obedecerlo solo por el miedo a la coacción violenta, no por virtud cívica. El pueblo que observa que su Gobierno incumple constantemente la ley de forma impune normaliza dicha conducta y la imita cuando le es posible. La corrupción y el delito dejan de ser elementos moralmente censurables y pasan a formar parte del carácter nacional.
En España, donde no hay constitución alguna que establezca el imperio de la ley y donde la ley se cambia y se ajusta de acuerdo con las necesidades políticas del momento, la nación no solo padece el mal de la arbitrariedad política y de la falta de libertad, sino que se contagia de forma constante de la corrupción e inmoralidad de la clase política. Cada década que el pueblo español pasa bajo el régimen del 78 se hace más vil y vicioso; abandona con más frecuencia las buenas costumbres y se entrega con más facilidad a los vicios y a la inmoralidad. El miedo y la violencia de la dictadura fueron sustituidos por la corrupción y la mentira del actual sistema de partidos, sin que España haya tenido todavía la oportunidad de gozar de las bondades que ofrece la libertad.