Las recientes imputaciones y casos de corrupción relacionados con el Partido Socialista vuelven a poner sobre la mesa una realidad incómoda que muchos ciudadanos parecen olvidar con demasiada facilidad: este mismo partido llegó al poder sustituyendo al Partido Popular precisamente por casos de corrupción muy similares a los que hoy vemos repetirse. Y, sin embargo, una parte importante de la sociedad vuelve a plantearse entregar el poder al partido anterior, como si el problema fuera simplemente quién gobierna y no el propio sistema que permite que esto ocurra una y otra vez.
La pregunta es inevitable: ¿por qué la gente no se da cuenta de que, independientemente de quién entre en el poder, es cuestión de tiempo que aparezcan nuevos casos de corrupción?
Tal vez porque la mayoría solo observa las consecuencias del problema —los escándalos, las imputaciones, los titulares—, pero rara vez se cuestiona su raíz. Y la raíz no está únicamente en las personas o en los partidos políticos concretos, sino en un sistema político diseñado sin suficientes límites ni mecanismos reales de control sobre el poder.
La corrupción no surge porque existan «políticos malos» de forma aislada. Surge porque el sistema facilita, protege y, en muchos casos, incentiva que ocurra.
Hagamos un ejercicio mental. Imaginemos un Parlamento con 350 diputados completamente independientes de los partidos políticos. Diputados elegidos directamente por sus distritos electorales mediante un sistema uninominal, donde cada representante dependa realmente de sus votantes y no de las listas cerradas elaboradas por la dirección de un partido.
Imaginemos que su sueldo y su continuidad política dependieran directamente de la confianza de sus ciudadanos. Que compitieran políticamente entre ellos por prestigio, reconocimiento y reputación pública. Que muchos de ellos tuvieran aspiraciones mayores, como llegar algún día a la Presidencia del Gobierno.
En un sistema así, los legisladores no serían subordinados del Ejecutivo, sino auténticos rivales políticos. Y, precisamente por eso, tendrían enormes incentivos para denunciar cualquier caso de corrupción que llegase a sus oídos, ya fuese dentro del Gobierno o incluso entre sus propios compañeros.
Destapar un caso de corrupción no supondría un suicidio político, sino una oportunidad para ganar prestigio, relevancia y apoyo ciudadano.
Ahora imaginemos también un poder judicial verdaderamente independiente. Jueces que no dependan de nombramientos políticos ni teman represalias por investigar a quienes gobiernan. Magistrados capaces de juzgar a cualquier político con absoluta libertad y autonomía.
Imaginemos, además, un poder ejecutivo limitado exclusivamente a ejecutar las leyes, sin capacidad para controlar el poder legislativo ni dominar las instituciones del Estado.
Lo más sorprendente de este ejercicio de imaginación es que parece ciencia ficción cuando, en teoría, debería ser la base de cualquier democracia moderna. Porque nada de eso sucede realmente en España.
Aquí, los partidos que gobiernan controlan simultáneamente el poder ejecutivo y gran parte del legislativo gracias a la disciplina de partido. Los diputados no responden ante los ciudadanos, sino ante quienes confeccionan las listas electorales.
Y hemos llegado incluso a escuchar a vicepresidentas del Gobierno afirmar públicamente que «este Gobierno legisla y ejecuta», una frase que evidencia hasta qué punto la separación de poderes es más teórica que real.
Cuando el poder se concentra y los controles desaparecen, la corrupción deja de ser una excepción para convertirse en una consecuencia lógica del sistema.
Por eso quizá ha llegado el momento de plantearnos una reflexión más profunda. ¿Por qué los ciudadanos, independientemente de nuestra ideología, seguimos centrando el debate únicamente en derrotar al gobierno de turno en lugar de cuestionar el funcionamiento del propio Estado?
¿Por qué discutimos eternamente sobre qué partido debe gobernar, pero casi nunca sobre cómo limitar el poder de cualquiera que gobierne?
¿Por qué no exigimos una Constitución verdaderamente democrática, con una separación efectiva de poderes, representación directa de los ciudadanos e independencia judicial real?
Tal vez el problema nunca haya sido únicamente quién ocupa el poder, sino el hecho de que el sistema permite que quien llegue a él acumule demasiado control y afronte demasiado pocas consecuencias.
Dejo estas preguntas abiertas para que cada uno saque sus propias conclusiones y aporte su opinión.