La noticia de que el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado y está siendo investigado por organización criminal y tráfico de influencias ha constituido un auténtico terremoto político en el debate público español. La oposición acusa fervorosamente al PSOE de ser el principal y único culpable de la corrupción en España (como si, antes de la llegada del PSOE al Gobierno, la corrupción en España no existiera o fuera un fenómeno anecdótico), mientras que el Gobierno, desvergonzadamente, se excusa alegando vagas explicaciones y declaraciones de inocencia, cuando no acusando directamente a la oposición de hacer lo mismo, como si ello los eximiera de sus pecados, en una suerte de tu quoque.
No lo vamos a negar: Zapatero, junto con toda la cúpula del PSOE, constituye una organización criminal y corrupta. No obstante, lo que dolosamente omiten los principales propagandistas y jefes de la oposición es que el señor Feijóo y el señor Abascal también forman parte de ella. Dicha organización criminal, creada y diseñada para el enriquecimiento particular de quienes vilmente participan en ella, es lo que conocemos como Régimen del 78.
Lo que ha sucedido en los últimos años es que la fúnebre y solemne ley de la omertà, que ha caracterizado la actuación criminal de la clase política durante tantas décadas, se rompió cuando Pedro Sánchez decidió hacer uso político de la corrupción en el PP para llegar al Gobierno (algo que ahora, de forma casi poética, es precisamente lo que le hace tambalearse en el poder). Esto es maravillosamente conveniente para nosotros, pues, mientras ellos se destruyen mutuamente señalando los negocios ilícitos que comparten, nosotros utilizaremos esos mismos elementos como propaganda y agitación revolucionaria contra la partidocracia.
Para los repúblicos, el color de la corrupción es indiferente. Para nosotros, lo primordial es el desarrollo de nuestro movimiento político para la futura implantación de la República Constitucional, que acabará con la corrupción de raíz, elevando las virtudes cívicas y la moralidad pública a un estadio de desarrollo nunca antes observado en España. Todo aquel que proclame, con la altanera soberbia que es característica de quienes se sienten respaldados por todo un sistema, que el responsable de la corrupción en España es únicamente un determinado partido político o espectro político, es un absoluto enemigo del pueblo y de la revolución. No es otra cosa que un elemento a sueldo de la clase política para descargar la responsabilidad del Régimen en unas pocas figuras, haciendo ver como casos aislados lo que en España ha sido la norma y la generalidad durante décadas.
En verdad, tampoco debemos señalar la corrupción como el principal problema que padece nuestra patria. La corrupción económica es una mera consecuencia derivada de un problema originario. Lo que debemos atacar es lo que permite que dicha corrupción inunde todos los rincones del Estado y de la administración pública. El problema es la configuración constitucional misma del Estado, el régimen de gobierno partidocrático instaurado por la falsa Constitución de 1978. Todo aquel que no ataque eso es porque lo que de verdad pretende no es acabar con la corrupción, sino evitar que otros vivan de ella para hacerlo él en su lugar.