La tragedia de la España actual no reside en la incompetencia de sus gestores, sino en la “ceguera diagnóstica” de quienes pretenden combatirlos. Asistimos hoy a una eclosión de voces, desde los púlpitos de la prensa subvencionada —esa que sobrevive gracias a la limosna de la “publicidad institucional”— hasta los nuevos profetas del algoritmo y las redes sociales. Todos ellos, sin excepción, coinciden en un punto de fuga: atacan las consecuencias, pero veneran la causa.
Denuncian con furia la “charocracia”, se lamentan de la “dictadura del pensionariado” o se escandalizan por la última excentricidad del Ejecutivo. Hablan de los síntomas como si fueran la enfermedad misma, ignorando —quizás por interés, quizás por ignorancia— que el cáncer que devora la nación no es un capricho del gobierno de turno, sino el resultado lógico, matemático e inevitable del Régimen del 78.
La mentira de la representación
Al igual que en 1978 la ponencia constitucional se dedicaba a “leer” lo que otros habían escrito en la sombra, hoy los diputados del Congreso se limitan a “leer” las órdenes de sus jefes de partido. No son representantes de la nación; son empleados a sueldo del Estado. El ciudadano cree elegir, pero solo ratifica una lista cerrada y bloqueada, un menú pre-cocinado por la oligarquía.
Sin una separación de poderes de origen —donde el Ejecutivo no emane del Legislativo—, el Parlamento no es más que una oficina de registro para los decretos del Gobierno. Sin una ley electoral donde un ciudadano elija directamente a su diputado y pueda revocarlo, no existe representación, sino vasallaje.
El consenso de la miseria
La “Constitución del consenso”, que tanto alaban los agentes del sistema, no fue un acuerdo entre ciudadanos, sino un pacto entre el Estado franquista y los partidos políticos para legalizar una situación de poder preexistente. Ese pecado original es el que permite que hoy existan españoles de primera y de segunda, protegidos por una ley electoral que desprecia la igualdad del voto para favorecer el pacto entre élites.
Se nos dice que la Constitución nos otorga “derecho a una vivienda digna” o una “justicia independiente”. Pero los derechos que se conceden en un papel sin que exista una estructura de poder que los garantice son meras declaraciones de intenciones, literatura barata para entretener a la plebe mientras el CGPJ se reparte en una mesa camilla entre el PP y el PSOE.
La falsa disidencia: El pastoreo del hartazgo
Lo más peligroso no son los que defienden el sistema desde dentro, sino los que fingen estar fuera para canalizar la indignación hacia callejones sin salida. Estos “disidentes” de salón viven de que el sistema funcione mal. Se nutren de la frustración ciudadana, alimentan la polarización y crean términos estrafalarios para no nombrar lo innombrable: la ruptura.
Si un analista, un influencer o un político no ataca la raíz —la falta de libertad política colectiva, la ausencia de separación de poderes y la Ley Electoral—, no es un disidente; es un agente de contención. Su función es evitar que el español medio entienda que el problema no es el “qué”, sino el “cómo”. No es que las leyes sean malas; es que el procedimiento para hacerlas es intrínsecamente corrupto porque no emana del control ciudadano.
Conclusión: Atacar la causa
No habrá cambio real mientras la crítica se quede en la anécdota. La vivienda, la inseguridad, la precariedad laboral o la manipulación ideológica no son accidentes de tráfico; son el destino marcado en el mapa del 78.
Curar España no pasa por cambiar el color del gobierno para que siga gestionando la misma estructura de poder. Pasa por reconocer que la Constitución no constituye nada más que la impunidad de los partidos. Todo lo que no sea señalar el origen de la enfermedad es seguir alimentando la metástasis. La libertad no se otorga desde arriba; se conquista reconociendo la verdad del engaño en el que vivimos.